Agustina Luque (Colansa y CLAS)
- Casi la totalidad de los países de América Latina presentaron su apoyo a la declaración y durante sus discursos resaltaron la necesidad de impulsar políticas públicas para disminuir la prevalencia de Enfermedades No Transmisibles.
- Durante los discursos se habló de la necesidad de impulsar políticas públicas como por ejemplo los impuestos saludables, para detener las enfermedades no transmisibles.
- La declaración establece metas mundiales que deben alcanzarse para 2030.
Durante la 4ª Reunión de alto Nivel de Enfermedades No Transmisibles (ENT) y Salud Mental llevada a cabo el 25 de septiembre de 2025, en Naciones Unidas, representantes de diversos países expresaron su adhesión la Declaración política de la cuarta reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y la promoción de la salud mental y el bienestar.
En la reunión participaron jefes de Estado y de gobierno y ministros/as de salud de todos los países que forman parte de la ONU. En lo correspondiente a la región de América Latina, los representantes de Costa Rica, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, México, Brasil y Uruguay mostraron su apoyo a la declaración y, durante sus discursos, resaltaron la necesidad de impulsar políticas públicas para disminuir la prevalencia de Enfermedades No Transmisibles.
Las ENT, incluidas las enfermedades cardiovasculares y pulmonares, el cáncer y la diabetes, son las principales causas de muerte en todo el mundo, y en 2021 se cobraron al menos 43 millones de vidas, incluidas las de 18 millones de personas menores de 70 años. Cuatro de cada cinco (82%) de esas muertes prematuras se dan en países de ingreso bajo y mediano. Por su parte, las condiciones de salud mental afectan a más de mil millones de personas en todo el mundo.
Al respecto la Ministra de Salud de Uruguay, Cristina Lustemberg, señaló que la prevención de Enfermedades No Transmisibles son una prioridad para el país, subrayando la influencia de los determinantes comerciales, sociales y ambientales en la salud. Reafirmó que Uruguay concibe la salud como derecho humano universal, bien público y responsabilidad del Estado. Finalmente reafirmó su compromiso con la atención de calidad, la prevención de obesidad y el control de alcohol y tabaco.
Por su parte el Subsecretario de Salud de México, Ramiro López Elizalde, advirtió sobre la carga de mortalidad asociada al consumo de bebidas azucaradas y lamentó que la gastronomía tradicional haya sido desplazada por productos de mala calidad. Destacó la eficacia de medidas que ha implementado su país como ser el etiquetado frontal, los impuestos a bebidas azucaradas y la regulación de la publicidad. Sin embargo, señaló que existe una deuda histórica porque estas medidas no solucionan inmediatamente las desigualdades persistentes. Es necesario adoptar la declaración política porque aborda las causas fundamentales, especialmente la desigualdad. “Abordar la salud es un acto de humanidad, no una cuestión técnica”, concluyó
En el caso de Colombia, Jaime Urrego Rodríguez, Viceministro de Salud Pública, hizo peticiones puntuales: invitó a los países a adoptar la declaración e implementar la equidad de género en todas las políticas de salud.
Durante los discursos de los Estados Miembros se habló de la necesidad de impulsar políticas públicas para detener las enfermedades no transmisibles como lo son los impuestos saludables: impuestos a bebidas azucaradas, tabaco, alcohol, productos ultraprocesados. También regular el marketing agresivo de las industrias, regular etiquetado y empaquetado de productos, detener la interferencia de los determinantes comerciales e impulsar la participación de la sociedad civil libre de conflicto de interés en conjunto con los gobiernos para mejorar la salud de la región de las Américas.
La declaración política examinada se titula «Equidad e integración: transformar vidas y medios de subsistencia mediante el liderazgo y las medidas en materia de enfermedades no transmisibles y la promoción de la salud mental y el bienestar» y se remitió a la Asamblea General para su aprobación.
La declaración establece metas mundiales que deben alcanzarse para 2030, a saber: 150 millones menos de consumidores de tabaco; 150 millones más de personas con la hipertensión bajo control; y 150 millones más de personas con acceso a atención de salud mental.